La Defensoría del Pueblo insiste al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la necesidad de aplicar los controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurren la mayor cantidad de accidentes, para evitar el riesgo de este siniestro a nivel nacional. La propuesta fue planteada en 2018, debido a que la principal causa de accidentes viales es el exceso de velocidad.
La Defensoría recomienda la renegociación de los contratos sobre concesiones viales, a fin de incorporar las disposiciones del Manual de Seguridad Vial (Resolución Directoral n.° 05-2017-MTC/14) desde la planificación hasta la operación de las referidas infraestructuras viales, especialmente las auditorías e inspecciones de seguridad vial, así como la instalación de elementos de seguridad vial y la ejecución de obras que sean técnicamente necesarias.
Lissette Vásquez, adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, precisa que desde 2019 se ha venido recomendando elaborar y aprobar un decreto supremo que defina adecuadamente los requisitos para la habilitación de terminales terrestres (características, instalaciones, equipamiento, informes técnicos, órganos o autoridades competentes, planificación territorial y zonificación).
Hasta la fecha, las graves deficiencias en el sector transporte han dejado el saldo el saldo de 29 607 muertos y 550 862 heridos, ambas cifras dentro de los casi 900 mil accidentes reportados por las autoridades en la última década.
La Defensoría también precisa en la importancia de incluir, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MTC, los procedimientos de autorización de operación de escuelas de conductores, centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión y entidades certificadoras de conversión a GNV/GLP, cuya participación en la buena capacitación de los choferes profesionales y el buen estado de los vehículos, tiene una decidida influencia en la seguridad vial.
«Es urgente que el MTC ejecute medidas que contribuyan a mejorar la seguridad vial, evaluando oportunamente las medidas recomendadas por la Defensoría del Pueblo, entre muchas otras necesarias, que pueden ser determinantes en la disminución del número de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito, que no solamente repercuten en la preservación de la vida y salud de las potenciales víctimas, sino también en la economía familiar y nacional», precisa la Defensoría en un comunicado oficial.
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