La pandemia de COVID-19 ha hecho que las autoridades sanitarias impongan nuevas medidas de seguridad para el regreso de los trabajadores a las oficinas. En países donde la campaña de vacunación ha sido extensa, la inoculación se ha vuelto una exigencia para la salud pública a pesar de la resistencia de algunos sectores, ya sea por desconfianza al gobierno o por culpa de la desinformación en redes sociales. ¿Qué se puede hacer si un empleado se resiste a vacunarse? ¿Procede el despido o un largo proceso judicial por discriminación, a pesar de que sea por las razones equivocadas?
La situación anterior es lo que precisamente viene ocurriendo en Estados Unidos, donde las empresas privadas obligan a sus trabajadores a vacunarse, llegando al extremo de despedir a quienes se resistan a la inoculación. El problema se tornó mediático cuando la cadena de información CNN expulsó a tres trabajadores por acudir a la oficina sin la vacunación, poniendo en riesgo al resto del personal.
De acuerdo con la Agencia Federal para el Cumplimiento de las Leyes Contra la Discriminación en el Lugar de Trabajo, los empleadores tienen derecho a exigir la vacunación de los trabajadores que vuelven a modalidad presencial, salvo en caso de excepción médica o de objeción religiosa.
Además, los empleadores pueden acudir al contrato del trabajador para señalar que hubo una desobediencia a la normativa sanitaria.
«Ponerse en peligro al no querer vacunarse es imprudente, pero arriesgar a otros es claramente contrario a la ética y, en numerosos casos, ilegal», señaló Eric Feldman, especialista del derecho de la salud en la universidad de Pensilvania, citado por la agencia AFP.
Hasta la fecha, el 51% de los ciudadanos estadounidenses se encuentran completamente vacunados, mientras las campañas antivacunas se hacen espacio en las zonas rurales.
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